El vínculo entre la corrupción y la salud pública se está convirtiendo en una preocupación crítica para la industria alimentaria. Los expertos advierten que, cuando la aplicación de la ley penal no representa una amenaza creíble, es menos probable que las empresas prioricen las medidas de seguridad esenciales.
Según Food Safety News, esta disminución de la inversión podría dar lugar a una mayor frecuencia de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. El informe sugiere que la corrupción sistémica socava los marcos regulatorios diseñados para proteger a los consumidores.
