Japón ha aprobado un proyecto de ley que reduciría al 1% durante dos años el impuesto al consumo de alimentos, según Food Business Africa.
Junto con las prestaciones en efectivo basadas en los ingresos, la medida podría costar ¥10 billones. Los legisladores han planteado dudas sobre su financiación y el posible impacto en los ingresos de los gobiernos locales.