Las empresas alimentarias que enfrentan casos relacionados con la Proposición 65 suelen ser blanco de reguladores que calculan la exposición química basándose en el tamaño máximo de la ración indicado en la etiqueta. Este método infla frecuentemente las demandas por infracciones y los acuerdos resultantes.
Según un informe de Food Industry Executive, la clave para ganar estos casos suele residir en el concepto de promedio. Al cuestionar la premisa de que los consumidores ingieren la ración máxima todos los días, las empresas pueden defender mejor sus productos.
